Una de las cadenas gastronómicas más visibles de las grandes ciudades quedó en el centro de una investigación judicial que promete ruido político. Tostado Café, con más de 70 locales, es señalada en una denuncia por evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita que involucra a Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el empresario Fernando Goijman.

La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien afirmó: “Se puso en conocimiento de la Justicia un entramado de clara relevancia penal vinculado a la firma Tostado, respecto del cual Patricia Bullrich no puede alegar ajenidad”. El objetivo es claro: investigar el origen de los fondos que permitieron una expansión millonaria en tiempo récord.

Según la denuncia, no existen antecedentes públicos de capital inicial, financiamiento bancario relevante ni trayectoria empresarial previa que expliquen ese crecimiento. Langeri Bullrich aparece vinculado a las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., mientras que algunas sociedades registran cheques rechazados por falta de fondos, una contradicción difícil de ignorar.

La causa se apoya además en una investigación de Telenueve Denuncia, que detectó domicilios comerciales coincidentes con inmuebles asociados a Bullrich, incluido uno en Beruti 3822. Dalbón fue enfático: “La denuncia no responde a una reacción política ni a un hecho aislado. Existen vínculos y elementos objetivos que imponen una investigación profunda, seria y sin privilegios”.

El abogado también recordó otros antecedentes judiciales de la funcionaria y fue directo: “Estoy cansado de la impunidad. Frente a indicios concretos, el deber institucional es denunciar y permitir que la Justicia determine las responsabilidades”.

Mientras el discurso público habla de orden, transparencia y moral, la Justicia ahora deberá responder una pregunta incómoda: ¿de dónde salió el dinero? Porque cuando el poder se sienta a tomar café, también debe rendir cuentas.