El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, volvió a instalar la idea de una reforma laboral. Lo hizo en Madrid, ante empresarios, al afirmar que el Gobierno buscará “desarmar la estructura sindical” para habilitar convenios por empresa. La propuesta, presentada como modernización, reaviva una discusión que la Argentina arrastra hace décadas.

Es cierto: el mundo del trabajo cambió. Las nuevas formas de empleo, la tecnología y la informalidad creciente exigen una actualización del sistema laboral. Pero una reforma necesaria no puede confundirse con un retroceso. Ampliar derechos implica incluir a quienes hoy están fuera, no quitar protección a quienes aún la conservan.

La historia reciente deja lecciones claras. La llamada “Ley Banelco” del 2000, impulsada bajo presión del FMI, prometía empleo y terminó en precarización. Cada intento de “flexibilizar” terminó debilitando a los trabajadores y concentrando poder en los sectores más fuertes.

El artículo 14 bis de la Constitución establece que las leyes laborales deben ser progresivas: no se trata de volver al siglo pasado, sino de construir un futuro con más inclusión y seguridad laboral.

Hablar de reforma laboral debería ser una oportunidad para pensar en cómo generar trabajo digno en el siglo XXI. Pero si el debate se limita a desregular, romper sindicatos y favorecer intereses concentrados, estaremos repitiendo los errores del pasado.

Modernizar no puede ser sinónimo de desproteger.